La Cataluña independiente busca jueces

La Generalitat ha iniciado los trabajos para reclutar a unos 250 jueces que empezarían a ejercer en Cataluña si se consuma la independencia. El departamento de Justicia considera que ese es el número de vacantes que se producirían en la plantilla actual, de casi 800 jueces y magistrados, si se materializa la secesión. El trabajo de búsqueda de los nuevos profesionales lo dirige Santiago Vidal, el juez de la Audiencia de Barcelona que fue suspendido durante tres años por participar en la redacción de un borrador de Constitución para Cataluña..

Por Pere Ríos

El Consejo General del Poder Judicial suspendió a Vidal a finales del pasado febrero y este fue contratado el 1 de julio como personal eventual por el Departamento de Justicia para dirigir la redacción del Libro Blanco de la Justicia en Cataluña.

El propio Vidal explicó a EL PAÍS que en ese marco recibió el encargo del consejero de Justicia, Germà Gordó, para que realizara una estimación de los jueces, fiscales y secretarios que se irían de Cataluña cuando se constituya el nuevo Estado. Las cifras de bajas estimadas son de 250 jueces, 170 fiscales y 200 secretarios judiciales. Todos esos profesionales forman parte de los llamados cuerpos nacionales, adscritos ahora en nómina al Ministerio de Justicia.

La Generalitat tiene previsto que los jueces que se queden en Cataluña consoliden su plaza en el teórico nuevo Estado. Los esfuerzos para cubrir las posibles vacantes han empezado por los jueces. En su despacho oficial del Centro de Estudios Jurídicos, dependiente de la Generalitat, Vidal ha mantenido ya diversas entrevistas con abogados para animarles a presentarse cuando se realice la convocatoria de plazas por el hipotético Gobierno de un Estado catalán.

Uno de esos entrevistados relató a EL PAÍS que Vidal le anunció que las vacantes se cubrirían con un simple concurso de méritos y una entrevista personal. Según la versión del abogado implicado, la entrevista duró cerca de una hora, durante la cual Vidal le hojeó un borrador de lo que sería la convocatoria y le aludió a la nueva situación política y a la necesidad de que los jueces estén comprometidos con el nuevo Estado. Vidal niega este último extremo y asegura que la pretensión de la Generalitat es que la justicia que se imparta en una Cataluña independiente esté “totalmente despolitizada”.

Dar un vuelco

La Escuela Judicial en la que se forman los jueces de toda España está en Barcelona y es el único organismo del Estado que no tiene su sede en Madrid. La última estadística del Consejo General del Poder Judicial señala que el 1 de enero de 2014 había en Cataluña 793 jueces y magistrados de una plantilla total de 5.362 en toda España. La mayoría (627) están en la jurisdicción civil y penal. La idea que maneja la Generalitat es dar un vuelco a la actual organización de justicia y crear tribunales de proximidad y de instancia para recuperar lo que fueron en su día los juzgados de distrito.

Al margen de esa plantilla, en Cataluña hay también una bolsa de un centenar de jueces sustitutos que se incorporarían de inmediato, si lo desean, a la nueva justicia catalana. Pero son insuficientes, dice Vidal. De ahí, la necesidad de buscar abogados con experiencia para que hagan de juez. El exmagistrado ha trasladado su idea de buscar nuevos profesionales a los decanos de los colegios de abogados y estos han mostrado su aprobación, lo que explica la celebración de esas entrevistas personalizadas. “Buscan un perfil muy concreto de gente que piense como ellos”, señaló uno de los entrevistados.

Sin oposición y con catalán escrito y hablado obligatorio

Santiago Vidal explicó que para la incorporación de los nuevos jueces no se celebraría oposición y que el único requisito obligatorio sería tener un mínimo de 10 años de experiencia como abogado y un perfecto conocimiento oral y escrito del catalán. “Si nos hemos pasado tantos años reclamando que sea un requisito, ya es hora de poderlo exigir”, dijo.

En su opinión, el sistema para proveer las plazas sería similar al del llamado tercer o cuarto turno que desde hace años no convoca el Ministerio de Justicia. Esa vía, empleada por el PSOE en la época de Felipe González, permitió la entrada en la judicatura de juristas con experiencia. Pero, además de eso, tenían que examinarse de Derecho ante un tribunal que era el mismo que después examinaba a los opositores a la judicatura.

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