Jordi Pujol, su historia menos honorable

Banca Catalana fue una entidad financiera catalana creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol Brugat, su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana i Vancells, con la compra de la Banca Dorca de Olot por un grupo de personas de sectores económicos diversos. En 1961 trasladó su central a Barcelona y cambió su nombre por el de Banca Catalana.

Tras la caída financiera que devino sobre la entidad en el llamado “caso Banca Catalana”, el grupo pasó a formar parte de un consorcio de grandes bancos españoles en 1984. El Banco de Vizcaya se haría con su control un año después, y posteriormente pasaría a liquidar la empresa y la marca comercial, así como a integrar sus activos en el que a día de hoy es el BBVA…

Jordi Pujol, president of the Catalan Generalitat The CiU politician during an interview

Photo by Paco Elvira/Cover/Getty Images

Los intentos fallidos de crear un gran banco catalán o de rodearse de una burguesía en alza pusieron los sucesivos Gobiernos de CiU bajo sospecha. Él siempre salió indemne, no así personas de su máxima confianza como Lluís Prenafeta o Macià Alavedra; empresarios afines como Javier de la Rosa, o prohombres del catalanismo como Félix Millet, implicado recientemente en la supuesta financiación irregular de Convergència a través del desvío de fondos del Palau de la Música.

Reparto de dividendos

En 1984 los fiscales José María Mena y Jiménez Villarejo presentaron una querella contra el Consejo de Administración de Banca Catalana por apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. El monto del presunto desfalco en prejuicio de los accionistas era de unos 20.000 millones de pesetas. Entre los imputados estaba Jordi Pujol, que en ese momento era President de la Generalitat de Catalunya.

La causa de la quiebra, que se llevó los ahorros de muchísimas personas, según el relato sumarial, consistió esencialmente en lo siguiente: algunos directivos del banco, con Jordi Pujol a la cabeza, crearon una irregular caja B —no reflejada en la contabilidad oficial—, paralela a la actividad ordinaria de la entidad, que fueron nutriendo con dinero ajeno por medios ilegales —bien detallados en el libro, pero sobre los que no hay que extenderse aquí— y mediante la creación de veintisiete sociedades instrumentales. Así fueron desviados fondos inmensos que desde la caja B, opaca para el Banco de España y para la contabilidad oficial de Banca Catalana, pasaban a los bolsillos de los directivos implicados y sus allegados, singularmente la familia Pujol: Jordi Pujol, su esposa, su padre, su madre, su suegro, su hermana, su cuñado, su consuegro, también por medio de curiosos artificios que revelan una ingeniería bancaria que no está al alcance de los profanos, fundamentalmente créditos ficticios, además de dividendos ilícitos. Solo estos últimos, en el caso de Jordi Pujol, alcanzaron, actualizados, más de cuatro millones de euros.

Los fiscales también sostenían, entre otros hechos, que Pujol y el resto de consejeros habían repartido 516 millones de pesetas en dividendos entre 1974 y 1976, cuando el banco ya tenía importantes pérdidas.

En 1981 era el décimo grupo bancario español y el primer grupo bancario catalán, con unos depósitos de 262.226 millones de pesetas, una red de 352 oficinas y 5.226 empleados. Mantenía posiciones de control sobre el Banco de Alicante y el Banco de crédito e Inversiones y tenía delegaciones en Londres, París y México.

En 1982 entró en crisis cuando un falso anuncio de suspensión de pagos provocó la salida del 38% de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas. Los primeros intentos de solución fracasaron. El Banco de España nombró tres administradores en noviembre de 1982 que detectaron un fuerte desequilibrio patrimonial y que promovieron una fuerte ampliación para revitalizar la entidad en noviembre de 1982 que fue cubierta por el Fondo de garantía de depósitos. En 1983 el grupo fue traspasado a un consorcio formado por toda la gran banca española.

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Salvado por la campana

El presidente catalán atribuyó la acción del Ministerio Público a una «inmensa mala jugada» del PSOE, que gobernaba en ese momento. Prenafeta, entonces secretario general de Presidencia, organizó una masiva manifestación de apoyo a Pujol.

En octubre de 1984 el magistrado Ignacio de Lecea tomó declaración a Pujol durante dos horas y media en su residencia oficial de la Casa dels Canonges. El juez dio por concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986, después de haber recopilado más de 3.000 folios en nueve volúmenes, que se complementaban con cerca de 65.000 folios de documentación.

Un mes después, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento de los 18 exconsejeros del banco incluído Pujol. Sin embargo, en noviembre de 1986, reunido el pleno de la Audiencia de Barcelona para decidir sobre esta petición, 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, mientras que 8 jueces se pronunciaron a favor del procesamiento.

La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.

Convergentes pecaminosos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó el caso, pero la posterior designación de Villarejo como fiscal jefe de Cataluña encendió a Pujol hasta tal punto que, en un acto institucional, reprochó al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, su falta de sentido de Estado.

Pujol consiguió así que Banca Catalana pasara a la historia, pero no pudo evitar que a partir de ese momento salieran a la luz otros procesos judiciales que salpicaron a miembros de su Gobierno. En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña —holding que monopolizaba el dinero del juego— denunció que esta empresa había pagado unos 3.000 millones de pesetas a compañías afines a Convergència. El caso quedó archivado, no así el denominado «caso Planasdemunt», en el que el exconsejero de Economía, Jordi Planasdemunt, se vio implicado en un fraude de unos 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos. Fue condenado a siete años de prisión. Los consejeros Jaume Roma y Josep Maria Cullell también dimitieron tras verse implicados en supuestos casos de corrupción.

Los disgustos judiciales afectaron asimismo a los socios de CDC, Unió Democràtica de Catalunya. Compañías del empresario andorrano Fidel Pallerols, vinculado a los socialcristianos, recibieron subvenciones inicialmente destinadas a cursos de formación. Por este caso dimitió el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres. También fue investigada la gestión de Unió en el Consorcio de Turismo de la Generalitat. Cuando CiU ya estaba en la oposición, Pasqual Maragall desató una tormenta política al acusar a CiU de recibir comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública.

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Amistades peligrosas

El líder convergente nunca renunció a rodearse de una burguesía afín al ideario nacionalista que, al mismo tiempo, ofreciera apoyo económico a la construcción catalana. La quiebra de la compañía aérea Spanair es el último ejemplo de esa incapacidad de CiU de lograr un empresariado fiel. A mediados de los años noventa, los esfuerzos de Pujol comenzaron a dar resultado, pero a través de la persona equivocada : Javier de la Rosa, ungido por el dirigente autonómico como «empresario modélico», fue a la cárcel por la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo. El caso salpicó a Prenafeta. Las amistades peligrosas de Jordi Pujol incluían al juez Lluís Pasqual Estevill, denominado en su día el «azote de la burguesía» y que se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU. Aseguran que, de esta forma, Pujol lanzaba una advertencia a Felipe González, pues el CGPJ designó a los miembros del Tribunal Supremo que debían juzgar el caso GAL. Estevill acabó en la cárcel acusado de prevaricación por dictar resoluciones injustas a cambio de dinero. Alavedra admitió haber intercedido entre el juez y varios empresarios.

Fuentes consultadas : Wikipèdia, ElPaís, ABC // Imágenes : Getty, ABC, Wikipèdia

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